SALUD, MEDICAMENTOS, DEPENDENCIA Y PATRIOTISMO

Con el retroceso del estado de bienestar en nuestro país y en el mundo, la salud fue apropiada por las grandes corporaciones y laboratorios, mediante un mercantilismo perverso y descarnado, que pone en riesgo la vida de millones que no tienen recursos para acceder a dichos sistemas.

El Estado ha sido vaciado de esta función primordial, por lo que cito a título de ejemplo, que en el gobierno de Macri, desaparece el Ministerio de Salud y es rebajado a una simple Secretaría, entre otros tantos, como la desregulación de las obras sociales y la cartelización de los prestadores de salud que tornan imposible afrontar el costo de los mismos, no sólo a los sectores de bajos ingresos, sino inclusive a la clase media y media alta.

Lo expuesto se ha visto agravado por el quiebre de muchas obras sociales y prepagas nacionales, y su consecuente extranjerización, las que presionan por ganancias desmedidas y sin justificación, que dejan sin ninguna protección a amplios sectores sociales, que deben acudir a la sanidad pública, que también ha visto recortado sus partidas presupuestarias para una atención acorde con las necesidades actuales.

Un punto de inflexión positivo, fue el desempeño del Estado (que algunos quieren eliminar o fogonéan su no intervención para liberar a las fuerzas del mercado) en la pandemia de COVID, que evitó situaciones penosas, como las que se vieron en muchos países enriquecidos del mundo.

Dentro de dicho panorama cobran valor las dos leyes sancionadas en el país en 1964, en la gestión de Illia, que regularon la producción y comercialización de fármacos, estableciendo su carácter de «bienes sociales», por un lado y por el otro crearon el Instituto de Farmacología y Control de Drogas y Medicamentos (antecedente de la ANMAT), N°s: 16.462 y 16.463.

La ley Oñativia, como se las conoce, fueron impulsadas por el Dr. Arturo Oñativia, a cargo del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de entonces.

La finalidad de dichas normativas consistía en mejorar el acceso de las personas a los medicamentos y evitar maniobras que pudieran encarecer abusivamente sus precios y afectar su calidad.

 

HISTORIA REPETIDA

Frente a estas normas, como siempre, las principales empresas de fármacos, los acreedores extranjeros y el FMI, presionaron por su derogación, caso contrario no darían conformidad para renegociar la deuda externa.

Esta extorsión, ha sido indicada junto a la de los contratos petroleros, como la razón del Golpe de Estado de 1966, cuya primera medida fue derogar la ley, por parte de la Revolución Argentina, con todas las similitudes que tiene con la Revolución de la Libertad Avanza. Por ello bien se afirma, que el golpe, tuvo olor a petróleo y a medicamentos, temas centrales que hoy siguen en debate.

El zorro pierde el pelo, pero no las mañas, y podemos colegir que las malas prácticas de otrora, siguen vigentes, ya que en aquél momento el Estado relevó más de 20.000 medicamentos comercializados y descubrió que las drogas que contenían no se correspondían con lo que informaban los prospectos, detectando, como seguro ocurre hoy, que los costos de los remedios se abultaban con operaciones contables ilícitas, que los encarecían injustificadamente y que para los sectores de bajos ingresos, les insumía un 62,6% del gasto total en salud.

Por ello, el lobby opositor, emprendió una campaña feroz, con el apoyo del Premio Nobel Bernardo Houssay, mientras el oficialismo contó con el acompañamiento de la Confederación Farmacéutica y Bioquímica de Argentina que sostenía que “el medicamento es un bien social” y que la norma garantizaba que fuera barato y de calidad.

A partir de su vigencia, se procedió a congelar los precios y a exigir a que las empresas declararan bajo juramento, que los costos que decían, eran los reales, pero ninguna corporación cumplió con ese requisito.

Se revisaron además, los medicamentos registrados y solo la mitad reunía las condiciones necesarias: de 33.000 especialidades, solo 17.832 cumplieron los requisitos para ser admitidos.

 

A PARTIR DE ALLÍ, SE DESATÓ EL COMPLOT DESTITUYENTE

Las empresas y los medios de comunicación declararon la guerra y la Revista Confirmado tituló que la ley “sembraba el terror”, y provocaba “el hundimiento de la industria de medicamentos en la Argentina”, y era “una ofensiva más peligrosa que la del enemigo”. El Club de París asumió la defensa de los afectados y exigió el descongelamiento de precio.

Sobre este hecho, que Illia me contara, dice: “Se pusieron firmes los señores y nos dijeron que no refinanciarían la deuda porque Suiza se oponía, pero que si se levantaba el congelamiento de precio de los medicamentos, habría refinanciación. El gobierno contestó que no se sometería de ninguna manera a hechos de esa naturaleza.”

Cuenta Raúl Balbín: que cuando se negociaba la deuda, los representantes del FMI y los acreedores externos, por iniciativa de Suiza, lugar de radicación de los principales laboratorios extranjeros, exigen la derogación de la ley de medicamentos y la devaluación caprichosa del peso, por lo que el Ministro de Economía, Dr. Blanco, consulta a Illia, quien patrióticamente responde, que tienen 48 hs. para abandonar el país, por lo cual ante esta firme decisión, se disculpan y acceden a los pedidos de la Nación. Una de las primeras medidas de la dictadura de la Revolución Argentina, fue derogar la ley y liberar el precio de los medicamentos.

 

FUNDAMENTOS DE LA LEY

En una lección de alta política, patriótica, moral y humanitaria, pocas veces vista, el proyecto decía: “es menester señalar que dicho proceso económico [el de la producción y venta de medicamentos] escapa a la ley de la oferta y de la demanda, a los principios de la libre competencia y de la libertad contractual, ya que la venta de las especialidades medicinales al público consumidor se encuentra condicionada por el estado de necesidad del mismo y por la prescripción médica. …las autoridades sanitarias deberán disponer en forma permanente de los medios efectivos para impedir maniobras especulativas que desvirtúen los fines y el sentido social que el medicamento representa en las condiciones actuales de la sociedad”.

“La situación del mercado de las especialidades medicinales en nuestro país se encuentra distorsionada por diversos factores que han originado el paulatino y creciente aumento de los precios, lo que hace necesario que el Estado arbitre los medios para la determinación de aquellos, equitativos y razonables, mediante la intervención en todas las etapas de la elaboración y circulación de los productos…”

“…en el momento actual corresponde establecer una economía de principios y finalidades sociales y si el medicamento, estrechamente vinculado a las acciones de salud pública, ha de ser considerado como un bien social de consumo, es lógico suponer que su precio de venta al público no debe ser la consecuencia del libre juego de intereses de los fabricantes e intermediarios”. Fundamentos a la presentación de la ley. Cámara de Senadores, pág. 501, febrero 6/7 de 1964.

En su libro, “LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL Y NUESTRA INDEPENDENCIA”, (1908), el Mahatma Gandhi, dice: los médicos recetan remedios, “cuyo valor real no pasa de algunas monedas, y nos cuestan cientos de pesos”.

Salvo en el gobierno de Raúl Alfonsín, con el impulso de su Ministro Aldo Neri, al Seguro Nacional de Salud y el Fondo de Asistencia en Medicamentos, nunca más se reabrió la discusión de estos temas, que condicionan el futuro sanitario y el bolsillo de millones de argentinos. Ambas iniciativas, lamentablemente, también fueron derrotadas por los sospechosos de siempre.

Como colofón podemos afirmar, que toda similitud con la actualidad, es simplemente realidad.